La ocupación lleva más de dos décadas y recién ahora se empieza a acercar a una solución. Ayer a la mañana la Fiscalía de la Ciudad puso en marcha el operativo para desalojar la plaza Cecilia Grierson, en San Telmo: hace 23 años una familia usurpó el depósito del cuidador y en los últimos meses se consolidó una ranchada que llegó a tener hasta 80 personas. Ahora el lugar está vallado y negocian la salida de las ocho familias que quedaron adentro: tienen plazo hasta el viernes para dejar el lugar.
La plaza está en San Juan 650, entre Perú y Chacabuco. En febrero de 1991, Juan Domingo Jiménez se instaló con su familia en lo que era el puesto del cuidador, una construcción que tenía baños. Allí vive con su mujer, un hermano discapacitado, tres de sus ocho hijos y uno de sus 24 nietos.
En su momento el ex intendente Jorge Domínguez les hizo un juicio de desalojo y en el año 2000 fueron absueltos: de hecho Jiménez fijó domicilio legal en San Juan 650 y hasta tramitó una línea de teléfono y servicio de Internet. En 2012, cuando estaba por salir un nuevo decreto de desalojo, las autoridades comenzaron a negociar la entrega de un crédito para una vivienda, pero la nuera de Jiménez, Micaela Villarubia, interpuso un recurso de amparo para lograr que a ellos también les dieran un crédito, y se trabó la negociación.
Hace poco más de un año se mudaron a la misma plaza las familias que estaban en la ranchada del bajo autopista de San Juan y Cochabamba y la situación se desmadró. A partir de una serie de notas periodísticas que se publicaron a principios de este año en Clarín y otros medios la Fiscalía porteña inició de oficio una causa por Usurpación. El problema es que, con la difusión, también empezaron a llegar más personas que viven del cartoneo y armaron viviendas precarias con estructura de chapa. Con el despliegue de basura y una situación sanitaria muy complicada, fue creciendo la tensión y los disturbios internos. “Hay drogas, armas, golpes, gritos. Se arman batallas campales”, había contado en febrero el propio Jiménez a Clarín.
“A la causa que se inició de oficio se suma la problemática de la Escuela de Comercio N° 4 Fernández Moreno, que funciona a una cuadra, porque esa plaza es el punto al que deben evacuar ante cualquier emergencia”, explica la fiscal Celsa Ramírez. Trabajaron con el IVC, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Atención Ciudadana y la Procuración de la Ciudad.
Lo que hicieron ayer fue poner en marcha el protocolo de acción ante ese tipo de situaciones. “Se hizo un censo en el que relevaron entre 23 y 30 personas, son ocho familias, y se colocó un vallado. Fuera de estas personas no puede ingresar nadie más”, agrega Ramírez. Hay plazo hasta el viernes para lograr un acuerdo y que los ocupantes dejen el lugar por sus propios medios.
El Fiscal General, Martín Ocampo, apunta que la causa tiene también un documento con la firma de más de 400 vecinos que piden una solución pacífica para la situación. “La defensa del espacio público es una tarea insoslayable de la Justicia, es el lugar donde se expresa lo más democrático de las relaciones entre quienes vivimos y transitamos por la Ciudad”, sostuvo.
El amparo que frena la ejecución del desalojo para las familias de Jiménez y Villarubia explicita que la medida se suspende en tanto y en cuanto el Gobierno no se ocupe de garantizar la vivienda a las familias afectadas. Según pudo saber Clarín, en su momento se les había ofrecido una alternativa en Villa Lugano, que fue rechazada. Y además se ha logrado probar que tanto Jiménez como una de las mujeres de la familia tienen empleo e ingresos: él trabaja en una empresa de seguridad y ella es empleada doméstica.
Fuente: Clarín
Link: http://www.clarin.com/ciudades/desalojo-plaza_tomada_hace_23_anos-san_juan_650-ranchadas_0_1267673256.html
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